La justicia porteña sigue tres nuevas líneas de investigación en la causa del hackeo al celular del ex ministro de Seguridad Marcelo D’Alessandro y de jueces y fiscales que investigaron a Cristina Kirchner. Las pistas van armando lo que podría conformar una amplia red de inteligencia ilegal.
La primera «es la identificación de uno de los administradores del sitio “Dark PFA” «desde donde se contrató el hacker misionero que confesó haber intrusado el celular de D’Alessandro.
La segunda línea contiene más pistas sobre supuestos vínculos con el kirchnerismo. Esta vez, a través de un funcionario de la Procuración General de la Nación nombrado por la ex jefa de los fiscales y fundadora de Justicia Legítima Alejandra Gils Carbó. Y la tercera son nuevos datos que ampliarían el rol del joven hacker misionero, Ezequiel Nuñes Pinhero, en las maniobras.
Por un lado, el hacker que habría usado el seudónimo “Pr1sox” fue «detenido e identificado, mientras intentaba sacar dinero de un cajero automático» producto de una supuesta estafa virtual, informaron a Clarín fuentes judiciales en exclusiva.
La detención se produjo en otra causa que la tienen el juez federal Sebastián Ramos y el fiscal Franco Picardi. Sería un joven de apellido «Valica», quien será indagado en los próximos días.
Mientras tanto en la causa por el hackeo a D’Alessandro a través de la maniobra conocida como SIM SWAPPING (la creación de una tarjeta melliza del celular), la jueza Araceli Martínez se había declarado incompetente, el mes pasado. Lo hizo al confirmar que no solo se espió ilegalmente a D’Alessandro –un ex funcionario porteño-, sino también a jueces y fiscales federales.
Sin embargo, el hackeo tambien afectó a los otros “objetivos” -así los definió Nuñes- el diputado de Juntos por el Cambio Diego Santilli; los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso (ambos de la causa Vialidad); el fiscal general de la CABA, Juan Bautista Mahiques; y los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky y Gustavo Hornos (que deben revisar la condena de Cristina Kirchner a 6 años de prisión en ese caso), entre otros.
Desde ese sitio de la dark web se vendían datos personales del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), historias clínicas de obras sociales y clínicas privadas, tarjetas de crédito, número de celulares y otras informaciones sensibles. Además, desde «Dark PFA» se contrató a Ezequiel Nuñes Pinheiro, el hacker misionero que pidió convertirse en imputado colaborador.
Entonces, mientras la Corte dirime si la competencia es la justicia federal o la porteña, el caso seguirá siendo investigado por la jueza Martínez y la fiscal Daniel Dupuy, la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDyCI).
Mientras que la causa por el hackeo al diputado de Juntos por el Cambio y precandidato a gobernador bonaerense Diego Santilli, la tiene la jueza María Servini, quien la había archivado por pedido del fiscal Federico Delgado. Pero tras la confesión de Nuñes Pinheiro, la jueza la volvió a abrir e indagó al misionero.
En su causa, Servini descubrió que desde uno de los celulares del misionero se hackeó, también, «al teléfono del secretario de Obras Públicas de La Plata Luis Barbier», otro dirigente de Juntos por el Cambio. Barbier no pudo se ubicado por el juzgado de Servini.
Además, también se intrusó el celular de una mujer de apellido Piperio, quien declaró que los hackers le pidieron hacer una transferencia a una cuenta del banco Brubank a cambio de recuperar el control de su teléfono. Este hackeo fue el 12 de octubre, dos días antes del espionaje a Santilli.
Esa cuenta de Brubank pertenece a una mujer que vive en una villa de emergencia en Rosario y fue usada como «pantalla».
Pero la dirección de esa mujer para hacer un trámite en Movistar coincide con la de la oficina Acceso a la Justicia (ATAJO) de la Procuración General de la Nación de Rosario. En esta oficina trabaja un militante K nombrado por la ex jefa de los fiscales y fundadora de Justicia Legítima, Alejandra Gils Carbó. Ese funcionario fue designado por Gils Carbó el mismo día que a un periodista ultra K.
Ese mismo periodista ultra K “llamó a D’Alessandro para preguntarle por los chats con el secretario del presidente de la Corte, Silvio Robles, pero en ese momento el ex ministro de Seguridad no sabía a qué se refería”, informaron fuentes cercanas al ahora asesor de Horacio Rodríguez Larreta. Al otro día se publicaron los chats robados pero el periodista ultra K, llamativamente, “no escribió nada”.
Pero el fiscal Delgado volvió a pedir el archivo de la causa Santilli y la jueza ordenó extraer testimonios para que se investigue esa pista dada por Piperio.
Por otra parte, mientras el 23 de febrero pasado, los K le preguntaban al juez federal Sebastián Ramos si tenía “un vínculo sistemático” con D’Alessandro en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados contra la Corte, el diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade “salió antes en C5N” para hablar de otros chats robados al ex ministro de Seguridad en los que hablaba con ese mismo magistrado.
Ramos había archivado la denuncia por el viaje de jueces y empresarios periodísticos a Lago Escondido porque estaban basados en una prueba obtenida en forma ilegal y por esos había sido citado a la comisión.
D’Alessandro denunció a Tailhade, ex director de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) como supuesto cómplice de la maniobra de espionaje ilegal que sufrió, basándose en que se anticipada a la publicación en un sitio fantasma web de los chats robados.
En esta otra causa, el operador judicial de Cristina Kirchner negó haber participado de la maniobra de hackeo y dijo que se enteró por “un periodista K” sobre la existencia de los chats.
La tercera pista que llevaría a los K es que desde la intendencia de General Roca, que dirige María Emilia Soria –hermana del ministro de Justicia, Martín Soria- se pidió un informe de antecedentes Nosis de D’Alessandro, el 16 de agosto del año pasado, días antes del hackeo.
Mientras, en la causa de la fiscal Dupuy se descubrieron nuevas huellas digitales. Por ejemplo, en el celular del misionero Nuñes se habrían encontrado “audios y mensajes en Telegram” en los que hablaría de dinero y de los hackeos que le habían pedido. Incluso, se refiere a un “gerente” que lo iba a ayudar. No se sabe si se refería a la empresa telefónica u otra compañía.
El abogado de Nuñez, Sebastián Noguera, dijo a Clarín que «se trata de mensajes que le enviaron a mi cliente, a través de un grupo de chat, pero que él rechazó. No es ninguno de los jueces de esta causa«.
Y se le habría encontrado un video en que se lo ve disparando una pistola (posiblemente una Glock) contra una casa. El joven misionero había dicho que cobró entre “12 y 15 mil pesos” por cada “recupero de línea”, así denomina al hackeo. Pero en esos mensajes, se conversa de cifras mucho más grandes.
En esos chats, se hablaría de hackear los celulares de conocidos artistas, a otros famosos y de realizar una operación contra Sony Music.
En una Red Privada Virtual (VPN, en inglés) se habría encontrado otro hackeo. Las VPN se utilizan para transmitir datos de forma segura y anónima a través de redes públicas. A través de una VPN, aparece una captura de pantalla que dice “la víctima abrió” y luego le pasa las claves para robarle el contenido de sus conversaciones. Telegram permite tener abiertas varias sesiones a la vez.
En otras conversaciones, el 11 de marzo pasado al hacker -antes de que la Policía Federal hiciera allanamientos en su casa de Eldorado- desde la policía misionera le habrían avisado que se iba a producir ese procedimiento que se suponía era secreto.
Entonces, Ezequiel envía mensajes a su entorno pidiendo esconder una pistola, equipos e incluso tratar de cambiarle el disco rígido a una computadora. Uno de sus socios, incluso, le habría pedido a Ezequiel que borre todas las cámaras de seguridad del local donde trabajaba.
Consultado Noguera, afirmó que «es cierto que se sabía del allanamiento pero no sabían que era por el hackeo sino porque comercializaban partes de celulares de contrabando» en esa zona fronteriza con Brasil y Paraguay.
El abogado adelantó que pedirá una ampliación de indagatoria de su cliente para explicar el alcance de esos nuevos mensajes y reafirmó el supuesto papel menor de Ezequiel Nuñez que, a su criterio, «queda probado por haber usado el chip desde su casa y así ser facilmente localizado».
Sin embargo, Ezequiel también intercambió mensajes para distribuir 300 chips en Misiones, Tucumán e incluso Jujuy. Esos chips o tarjetas SIM se usaron en los hackeos.
De estas nuevas pruebas, con la identificación del hacker “Pr1sox” se avanzaría hacia los administradores de “Dark PDF”. Estos administradores fueron los que contrataron a Nuñes y serían quienes, a su vez, recibieron órdenes y el dinero de un “cerebro” –aún no identificado- de esta maniobra de inteligencia ilegal sobre funcionarios, jueces y fiscales que investigaron a Cristina Kirchner.