Mariano Federici, ex presidente de la Unidad de Información Financiera con Mauricio Macri, se presentó como querellante en la causa a través de la Fundación Bases Republicanas.
El ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante el gobierno de Mauricio Macri, Mariano Federici, inició una audaz movida para intentar que Cristina Kirchner no sea sobreseída en la causa por lavado conocida como la Ruta del Dinero K. La Fundación Bases Republicanas, dirigida por Valeria Claudia Viola y en la que Federici tiene participación activa, se presentó este viernes ante el juzgado de Sebastián Casanello con el pedido de ser incorporada al expediente como querellante en el caso.
Aunque el reclamo tiene pocas posibilidades de ser aceptado -la causa se inició en 2013, su tramo principal ya fue juzgado y terminó con condenas para Lázaro Báez y varios de sus cómplices- los integrantes de Bases Republicanas podrían apelar ese rechazo a la Cámara Federal y mientras tanto detener el inminente sobreseimiento de la vicepresidenta, que ya fue admitido por el fiscal del caso, Guillermo Marijuan, y los actuales querellantes: la UIF y la AFIP, dos organismos públicos que dependen de la voluntad de la acusada Cristina Kirchner.
«En la causa mencionada, sigue en trámite la investigación sobre la participación de Cristina Kirchner en los hechos relativos al movimiento de fondos de orígen ilícito, por diversas maniobras delictivas, para su lavado e ingreso al circuito formal ocultando su orígen espurio», recuerda el escrito.
«Este proceso no puede ser analizado de manera individual sino que debe enmarcarse en el contexto de las diversas causas donde se investigaron otros hechos que involucran a la familia Báez y a la familia Kirchner, entre los que se destacan los delitos de corrupción que involucraron a Lázaro Báez y el “Grupo Kirchner”, cuyo plexo probatorio ha demostrado que el nombrado no era el dueño del dinero obtenido ilícitamente de las arcas del Estado, sino un mero testaferro de Néstor y Cristina Kirchner y su familia», razona el pedido, que insiste con vincular los hechos juzgados en la Ruta del Dinero K -lavado de activos por parte de Báez entre 2010 y 2013- con el arco iris de expedientes judiciales que investigan y en muchos casos ya probaron que el origen de esa plata sólo eran los contratos de obra pública condenados por corruptos.
La presentación justifica esa vinculación en una serie de 75 hechos denunciados en su momento por la UIF bajo la conducción de Federici, que según el ex funcionario no fueron tenidos en cuenta por Marijuan para pedir el sobreseimiento de la vicepresidenta la semana pasada. El fiscal respondió que algunos de esos hechos fueron investigados en este expediente y a su juicio no aportaron pruebas contra Cristina, y otros están bajo análisis judicial en otras causas: Vialidad, Hotesur/Los Sauces o los Cuadernos de las Coimas.
«Frente a semejante cuadro probatorio, el fiscal Guillermo Marijuan dice en su dictamen que ‘no tengo duda alguna, de la estrecha y directa relación personal entre Cristina Fernández y Lázaro Báez’, acreditado, sobre todo cuando acreditó, además, por 376 llamadas telefónicas entre ellos, que no se trató de una mera relación amistad – que ella negó públicamente -, sino que debía explicarse como un vínculo comercial», razonan Federici y Viola en su pedido a Casanello.
La presentación pone la lupa sobre unos de los puntos más débiles del dictamen de Marijuan, quien en varias oportunidades se había negado a pedir el sobreseimiento de Cristina porque había medidas de prueba en curso. Una de ellas era el pedido de cruces telefónicos, cuyo resultado -conocido hace dos semanas- confirmó la fluidez y cotidianeidad de la relación entre Cristina y Báez, que ambos habían negado o relativizado. Según el fiscal, aún con ese dato no puede saberse de qué hablaron entre ellos, pero entonces tampoco se comprende por qué se pidió y se esperaba el resultado de esa elocuente pericia en las comunicaciones.
La Fundación Bases Republicanas razona lo mismo. Si Marijuan recibió ese informe de la oficina de escuchas de la Corte, «no pudo entonces luego concluir, sin lógica alguna, en que esa ‘estrecha y directa relación’ no formó parte de la estructura delictiva que los une, tal como fue comprobado en la sentencia -no firme- de la causa denominada Vialidad. Es que, no obstante la postura asumida ahora por la fiscalía, no caben dudas que el dinero lavado por Lázaro Báez y compañía le ‘pertenecía’ en realidad a la familia Kirchner, como producto de las actividades delictivas bajo investigación en aquellas causas.»
«Por lo tanto, carece de sentido el pedido de sobreseimiento que aparece, cuanto menos, prematuro, pues resta que se defina la suerte de la imputada Cristina Kirchner en otros procesos que necesariamente -como se dijo- se vinculan con la presente investigación por lavado,y cuyas características demandan un análisis integral de las pruebas en común.»
Los pretensos querellantes aclaran que «no se trata de mantener en hibernación una causa hasta que se resuelvan las otras, sino que el marco probatorio descripto justifica el avance de este proceso hasta ponerlo a la par de aquellas, es necesario que Cristina Kirchner sea procesada por los hechos por los que fue indagada el 18 de septiembre de 2018, y se remita el caso a juicio oral y público.»
Para ellos, ninguna de las prevenciones que tanto Marijuan como la Cámara Federal porteña manifestaron en varias oportunidades para negar el cierre de la causa respecto de la vice «fueron controvertidas por nuevas pruebas incorporadas en este proceso». Por eso, concluyen, «es contrario a la lógica sostener que ahora que ha habido avance de esos procesos (en el primer caso con dictado de condena y en el segundo con requerimiento de elevación a juicio) aquella sospecha en lugar de reafirmarse pueda haberse debilitado«.