Tras el escándalo de la supuesta trama de corrupción del ‘Qatargate’, que hizo temblar los cimientos del Parlamento Europeo a finales del año pasado y cuya investigación sigue en marcha, y a un año de las elecciones europeas, la Comisión Europea mueve ficha para unificar los estándares éticos de las instituciones europeas. Bruselas ha propuesto este jueves la creación de un nuevo órgano interinstitucional llamado a garantizar estándares éticos comunes, claros y transparentes en ocho instituciones europeas, desde el Ejecutivo comunitario hasta el Parlamento Europeo, el Banco Central Europeo, el Tribunal de Justicia o el Comité de las regiones.
«La democracia solo puede prosperar si los ciudadanos confían en sus instituciones. Los ciudadanos de toda Europa no distinguen si un escándalo se ha originado en una u otra institución. Si queremos seguir teniendo credibilidad a sus ojos, todos tenemos que estar sujetos a normas éticas comunes», ha justificado la vicepresidenta responsable de valores y transparencia del Ejecutivo comunitario, Vera Jourova. Bruselas aprovecha así las «gravísimas acusaciones» vertidas en los últimos meses para «hacer algo bueno cuando las cosas se ponen feas», ha añadido la comisaria, que ha convocado una reunión para el próximo 3 de julio en Bruselas con vistas a negociar el contenido de la propuesta y tratar de cerrar un acuerdo lo antes posible.
Reglas comunes y caras
El objetivo es impedir que siga habiendo «estándares diferentes y opacos» y establecer reglas «comunes, claras, transparentes y comprensibles» en cuanto a la aceptación de obsequios, alojamiento y viajes ofrecidos por terceros así como de premios, condecoraciones y honores. También en materia de transparencia en cuanto a las reuniones con los grupos de interés. Aunque tanto la Comisión como el Consejo y el Parlamento disponen de normas en este terreno la idea es ampliar el registro de transparencia y aplicarlo también al acceso a los locales de las instituciones.
La propuesta, que afectará unos 1.500 cargos públicos entre eurodiputados, comisarios y otros representantes, también plantea regular la declaración de bienes e intereses, el establecimiento de categorías y los procedimientos de control aplicables. Bruselas también quiere normas comunes sobre las actividades paralelas o externas de los cargos públicos, con el fin de garantizar que la disponibilidad y la independencia de los miembros no corran riesgo, y establecer condiciones y requisitos de transparencia en cuanto a las actividades posteriores de los antiguos miembros cuando dejen sus cargos. Por último, el plan incluye un marco común de aplicación también para posibles casos de acoso y sanciones y la publicación de las normas por parte de cada institución.
Criticas al modelo
El nuevo órgano, que no podrá lanzar investigaciones, estará formado por un presidente al que acompañará un representante de cada institución, escogidos por un plazo de cinco años, a los que acompañarán a su vez cinco expertos independientes -elegidos por tres años- y que estarán apoyados por una secretaría. La Comisión Europea considera que la necesidad de definir las reglas es urgente y espera que consigan llegar a un acuerdo en un plazo de seis meses. «No tiene sentido haber propuesto algo que no vería la luz. Tenemos que actuar con rapidez», ha dicho Jourova sobre las críticas al nuevo sistema recibidas desde el Parlamento Europeo.
«Es un organismo que no es independiente, no tendrá poderes de investigación y no podrá sancionar las infracciones de las normas deontológicas. La Comisión ha presentado una propuesta totalmente decepcionante, carente de poderes y de inspiración, después de arrastrar los pies durante años», ha lamentado el eurodiputado ecologista alemán Daniel Freund sobre la propuesta. «El escándalo del ‘Qatargate’ demuestra que la autorregulación de políticos y funcionarios no funciona. Esta propuesta redobla la idea de que las instituciones deben autorregularse, lo que no bastará para recuperar la confianza en la UE. No dejaremos de luchar por una mayor responsabilidad e integridad en la UE», ha añadido. «El órgano ético que se propone refuerza el planteamiento de autocontrol de la UE frente a las conductas indebidas», coincide Nicholas Aiossa, de la organización Transparencia Internacional, que considera que un órgano ético como el propuesto por Bruselas no habría sido incapaz de impedir el «lío del Qatargate».