on la premisa de orientar fondos para realizar mejoras edilicias en distintas dependencias del Servicio Penitenciario, así como adquirir tecnología y nuevo equipamiento para la Policía de la provincia, el Gobierno impulsa un proyecto de ley que propone declarar la emergencia en el sistema integral de seguridad pública por dos años.
La iniciativa establece que se destinen 5 mil millones de pesos para encarar mejoras edilicias en distintas dependencias donde se alojan personas privadas de su libertad, así como la actualización de software y equipamiento que utiliza la Policía.
El viceministro de Coordinación de Gabinete, Jorge Canals, destacó que el proyecto del Gobierno, que ya fue abordado en una reunión de la Comisión N° 6 de Justicia y Seguridad de la Legislatura, se trata de una propuesta más amplia que la presentada en 2023 por el legislador Pablo Villegas (Mopof), que propone la declaración de emergencia en el Servicio Penitenciario.
“Lo que planteamos desde el Ejecutivo es un proyecto más integral, que contempla, incluso, la posibilidad de articular iniciativas público-privadas, sobre todo con experiencias que se han dado en diferentes partes del mundo y experiencias que también la Nación está analizando sobre esto”, señaló.
“La situación del Servicio Penitenciario no es la óptima en lo que tiene que ver con el crecimiento de la comunidad carcelaria, y la única solución es la construcción de una nueva unidad carcelaria”, remarcó Canals.
De hecho, recordó que “hubo un proyecto hace dos años en Ushuaia y el proyecto no prosperó aunque contábamos con los recursos del Gobierno nacional, pero hoy esos recursos no están y afrontar la construcción de una nueva unidad carcelaria demandaría entre 22 mil y 25 mil millones de pesos, por lo que es muy complejo y no está en la posibilidad del Estado”.
Para atender la actual situación de la población carcelaria, el funcionario aseguró que se está refaccionando y remodelando el denominado Anexo 4 de la ciudad de Ushuaia “para descomprimir la situación de la Alcaldía”. “Además ya estamos terminando los trabajos que tienen que ver con el cerramiento de una de las gamelas lindera al Poder Judicial (ex casa de pre-egreso) en la ciudad de Río Grande, donde se van a poder alojar entre 50 y 60 presos”, inició Canals. Precisó que en ese lugar “ya se instaló el circuito cerrado de cámaras de seguridad, avanzan los trabajos de cerramientos de rejas y lo que tiene que ver con el servicio de agua y la instalación de calderas”, por lo que estimó que en 30 días estará en condiciones de albergar población carcelaria.
Iniciativa público-privada
El Viceministro de Coordinación de Gabinete sostuvo que en el contexto económico actual “donde no hay recursos para poder llevar adelante la construcción de una nueva cárcel se deben buscar alternativas y apuntar también al sector privado”. Por ello consideró que la inclusión de la iniciativa público-privada es uno de los puntos salientes del proyecto de emergencia, entendiendo que “va a permitir abrir un abanico de posibilidades” para encontrar nuevas alternativas de solución.
“Nosotros vamos a apelar definitivamente al sector privado para que pueda actuar o presentar alternativas para descomprimir la situación carcelaria, como lo están haciendo actualmente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la Provincia de Buenos Aires o el propio Gobierno nacional”.
Canals afirmó que “toda unidad penitenciaria trae consigo unidades de negocios que tienen que ver con cuestiones puntuales, entonces lo que se plantea es que un privado construya una nueva unidad carcelaria y todo lo que tiene con los servicios que brinda el Servicio Penitenciario; como por ejemplo los servicios de comida y lavandería, por mencionar algunos, sean contratados al privado que realizó la construcción para que en una determinada cantidad de años recupere esa inversión”, indicó.
Señaló que la iniciativa también contempla poder financiar la totalidad del sistema de seguridad “no porque el sistema esté endeble sino porque hay una realidad nacional muy compleja, que tiene que ver con la celeridad de trámites; con la celeridad de contrataciones y que tiene que ver con muchos esquemas dolarizados”.
“Un ejemplo es el software de apertura de celulares o las tobilleras electrónicas que son todas cuestiones que se deben pagar en dólares y que tiene modificaciones todos los días, entonces debemos acelerar estas cuestiones”, señaló.